TERCERIZACIÓN

La tercerización ha sido una figura de la relación de trabajo mayormente utilizada por entidades gubernamentales para evadir las responsabilidades.

Por Yilmer Jesús Rodríguez

El Decreto 8.938 con fuerza y rango de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadora (LOTTT), sancionado (¿?) por el presidente de la República, en consejo de ministros, en fecha 30 de abril de este año y vigente desde el 7 de mayo pasado, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.076, extraordinario, de esa misma fecha, trae, entre otras novedades, la inclusión del término que da título a este artículo.

“La subcontratación o tercerización (del inglés outsourcing) es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas especializadas. Para ello, pueden contratar solo al personal, caso en el cual los recursos los aportará el cliente (instalaciones, hardwaresoftware), o contratar tanto el personal como los recursos. Por ejemplo, una compañía dedicada a las demoliciones puede subcontratar a una empresa dedicada a la evacuación de residuos para la tarea de deshacerse de los escombros de las unidades demolidas, o una empresa de transporte de bienes puede subcontratar a una empresa especializada en la identificación o empacado”.1

La Real Academia de la Lengua Española, que nos rige señala que la subcontratación es un “f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera”.2

Este concepto significó, y significa la utilización de recursos externos, especializados, por una empresa que debe dedicar todos sus esfuerzos y recursos en las funciones internan que le son propias para el logro de sus objetivos sociales. Y esta acción es completamente legal en Venezuela hasta que la novísima LOTTT la demoniza, cuando en su artículo 47 indica:

“A los efectos de esta Ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral, establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude laboral, conforme a esta Ley”. (Destacado nuestro).

A esos respectos hay que destacar que la simulación o fraude cometidos con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la ley laboral ha existido desde cuando se sancionó (siempre por el Congreso Nacional en sus oportunidades) la primera Ley del Trabajo. Es más, siempre se reconoció el principio de “en caso de duda, el juzgador (administrativo o jurisdiccional) da la razón al trabajador” (in dubi pro operario), consagrado expresamente”. Por ello no creemos haya sido necesaria la incorporación de este concepto en la LOTTT.

Además resulta que el artículo 49 de la LOTTT indica que “Son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios, y con trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia. La contratista no se considerará intermediario o tercerizadora”. ¿En qué quedamos entonces? (Destacado nuestro).

Arriba transcribimos definiciones de la Real Academia de la Lengua y del portal Wikipedia y ambos términos o conceptos (tercerización, subcontratación, contratista, entre otros) significan lo mismo. ¿Por qué, entonces, era necesaria, esta distinción por parte del legislador (¿?) de la LOTTT?

Además, se desconocen o conocen pocos los casos que se haya usado esta figura en perjuicio de los trabajadores en el sector privado de nuestro país pero ello no ocurrió con el sector público, que exacerbó esta forma de contratación desconociendo la contratación colectiva en las empresas del Estado y en las expropiadas al sector privado en la última década.

Recientemente he participado en el programa Dictamen (patrocinado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia) en la emisora de la Universidad del Zulia (LUZ Radio 102.9 FM) y manifesté que esta ley es una fraude a las expectativas que se crearon a los trabajadores (formales, que son los menos) del País. En la segunda oportunidad, el pasado 26-05-2012, se me preguntó si un trabajador “contratado” era tercerizado, a lo respondí con varias preguntas:

SEC PREGUNTA RESPUESTAS
1. ¿Tiene un contrato formal (escrito)? Si
2. ¿Su salario es igual o superior al mínimo urbano nacional? Si
3. ¿Le remuneran adicionalmente el sobretiempo y el trabajo nocturno? Si
4. ¿Disfruta vacaciones anualmente? Si
5. ¿Al final del año le otorgan bonificación de fin de año o utilidades, y cuantos días? Si. Sesenta (60) días

Conclusión: ese trabajador no es tercerizado. Estas preguntas y respuestas serían diferentes en casos como los de las empresas básicas de Guayana, PDVSA, CANTV, CORPOELEC, Agropatria, Lácteos Los Andes, entre otras, que, como se sabe, resultarían todas totalmente negativas, porque en ellas se ha recurrido a “cooperativas”, “empresas de responsabilidad social” u otras figuras, para no remunerar a los trabajadores de acuerdo con los respectivos contratos colectivos que regulan las relaciones de trabajo en esas empresas.

¿Entonces quien fue el que utilizó esta figura de relación de trabajo?: el Estado, en sus diferentes niveles (nacional, estatal o municipal) a través de sus empresas o institutos autónomos. Al extremo que ya hoy casi todas sus empresas han procedido, no a esperar los tres (3) años indicados en la disposición transitoria primera, sino inmediatamente como reza la siguiente norma de la LOTTT:

Disposiciones Transitorias Primera. En un lapso no mayor de tres años a partir de la promulgación de ésta Ley, los patronos y patronas incursos en la norma que prohíbe la tercerización, se ajustarán a ella, y se incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal los trabajadores y trabajadoras tercerizados. Durante dicho lapso y hasta tanto sean incorporados efectivamente a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal, los trabajadores y trabajadoras objeto de tercerización gozarán de inamovilidad laboral, y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y trabajadoras contratados directamente por el patrono o patrona beneficiario de sus servicios”.

Para enmendar la plana han procedido, según hemos leído (y oído) a través de los medios de comunicación que ya el Gobierno ha ordenado la incorporación a nómina de las empresas indicadas arriba (empresas del Estado). Nos preguntamos ¿se les reconoció la contratación colectiva vigente, aunque vencida, a esos trabajadores? Las respuestas las tienen esos trabajadores y los sindicatos que les agrupan.

Concluimos, la tercerización ha sido una figura de la relación de trabajo mayormente utilizada por entidades gubernamentales para evadir las responsabilidades que significan los contratos de trabajos en el amparo de la Ley o de las contrataciones colectivas.

Licenciado en Contaduría Púbica, MgSc en Gerencia Tributaria, experto en asunto contables de los tribunales del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial de Estado Zulia. Exvicepresidente del DN de la FCCPV, expresidente del TDN de la FCCPV - Ampliar Imagen

1 Tomado de Wikipedia
2 http//buscon.rae.es/drael/

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